A través de la publicación de la Resolución General 5927 en el Boletín Oficial, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dio un nuevo paso en la puesta en marcha de la Ley de Inocencia Fiscal II, aprobada por el Congreso en septiembre pasado.
La disposición oficializa el mecanismo mediante el cual los contribuyentes pueden solicitar una quita del 50% en las sanciones vinculadas a incumplimientos de carácter formal, estableciendo los criterios y condiciones necesarios para tramitar dicho alivio fiscal.
El alcance de esta medida contempla a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs de tramos 1 y 2), así como a personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro, dejando expresamente fuera del régimen a los Grandes Contribuyentes. Las penalidades incluidas en el beneficio corresponden a infracciones a los deberes formales detalladas en los artículos 38 y 39, siempre que hayan vencido a partir del 2 de enero de 2026 y se hayan originado antes del 9 de octubre del mismo año. Para ser elegibles, estas sanciones —vinculadas habitualmente a demoras en la presentación de documentación requerida por el fisco y no a la falta de pago o subdeclaración de impuestos— no deben encontrarse firmes o, en caso de estarlo, deben permanecer impagas.
Para hacer efectiva la reducción, la normativa exige que los interesados regularicen formalmente la obligación omitida que motivó la penalidad antes del 18 de diciembre de 2026 inclusive. Asimismo, si la sanción se encuentra bajo discusión en sede administrativa, contencioso-administrativa o judicial, el contribuyente deberá realizar una presentación digital específica en el portal web de ARCA dentro del mismo plazo límite. Este trámite conlleva el allanamiento incondicional frente a la pretensión del organismo por el monto restante, lo que en la práctica significa aceptar la validez del reclamo fiscal original.
A pesar de que la medida busca aliviar la carga sobre el sector productivo, desde el ámbito tributario surgieron reparos respecto de su impacto real en las finanzas de las pymes. Diversos especialistas contables advierten que, si bien el recorte a la mitad representa un avance, las cifras resultantes continúan siendo extremadamente onerosas para las estructuras de menor porte debido al elevado valor base que tienen este tipo de penalidades por retrasos administrativos.
En esta línea, el contador Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, calificó la iniciativa como bienvenida pero insuficiente para la realidad económica del sector. El especialista explicó que, incluso si un contribuyente logra acumular la reducción del 50% de la Ley de Inocencia Fiscal II con una quita adicional del 25% contemplada para determinados supuestos en la Ley de Procedimiento Tributario, el saldo a pagar sigue siendo prohibitivo. A modo de ejemplo, señaló que afrontar una multa de $3.750.000 por presentar fuera de término la declaración jurada del Libro de IVA Digital o un balance en formato PDF resulta inviable para la gran mayoría de las pequeñas y medianas empresas.
Finalmente, el titular de SDC Asesores Tributarios enfatizó la necesidad de revisar el esquema sancionatorio para evitar efectos contraproducentes en el tejido empresarial. Según su análisis, las penalidades por faltas meramente formales —donde no existe perjuicio recaudatorio por evasión o impago de tributos— deberían guardar una estrecha proporcionalidad tanto con la magnitud de la falta cometida como con la capacidad contributiva del infractor, garantizando que el castigo incentive el cumplimiento normativo sin poner en riesgo la continuidad operativa de las compañías.
