La gestión presidencial de Rodrigo Paz en Bolivia atraviesa su período de mayor inestabilidad social a tan solo seis meses de haber asumido el poder.
La sede administrativa y política de La Paz se encuentra bajo un virtual estado de sitio debido a una quincena de piquetes instalados en los accesos clave de la región metropolitana por parte de organizaciones campesinas, sindicales e indígenas lideradas por la Central Obrera Boliviana (COB). La movilización, que inicialmente comenzó como un reclamo sectorial para exigir una recomposición salarial del 20%, escaló con el paso de los días hasta transformarse en una abierta demanda que exige la dimisión del jefe de Estado.
El prolongado corte de las rutas nacionales, que ya se extiende por dos semanas, ha provocado un severo desabastecimiento de alimentos y combustibles que se evidencia de manera crítica en las góndolas y estaciones de servicio, sumado a un alarmante incremento de precios. La falta de suministros básicos golpea también al sistema sanitario de La Paz, donde los centros médicos ya denuncian escasez de oxígeno e insumos indispensables para la atención de los pacientes. Frente a este panorama, las autoridades gubernamentales iniciaron mesas de negociación con representantes de los sectores movilizados tanto en la capital como en El Alto para delinear un plan de trabajo conjunto, luego de que las fuerzas de seguridad intentaran sin éxito el último sábado despejar las autovías mediante la fuerza para crear un corredor humanitario, operativo que debió suspenderse ante la respuesta con dinamita por parte de los manifestantes.
En paralelo, las distintas agrupaciones de maestros urbanos y rurales sostienen las vigilias en las principales autopistas nacionales, mientras que el sector de los mineros cooperativos informales optó por replegarse tras alcanzar un entendimiento temprano con las autoridades nacionales. Aunque el expresidente Evo Morales permanece recluido en el Chapare para eludir un requerimiento de la Justicia por una causa de corrupción de menores y no lidera de forma directa las protestas, la coyuntura parece favorecer a sus intereses políticos. De hecho, militantes afines a su espacio bloquearon el aeropuerto de Chimoré, en Cochabamba, para evitar una eventual detención de su referente, al tiempo que una columna de simpatizantes arribó a las cercanías de la sede de gobierno tras una caminata de seis días para sumarse a los reclamos de la COB.
A nivel internacional, el escenario boliviano ha generado diversas repercusiones entre los mandatarios de la región y las potencias globales. Mientras el Presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó la situación como una insurrección popular y se ofreció como mediador en el conflicto, la administración argentina de Javier Milei dispuso el envío de asistencia humanitaria a través de dos aeronaves Hércules.
Por su parte, la Oficina de Asuntos para el Hemisferio Occidental de EEUU, encabezada por Donald Trump, repudió formalmente los episodios de violencia calificándolos como un intento de desestabilización contra el mandato democrático de Paz Pereira. De acuerdo con analistas locales, aunque la continuidad institucional no corre peligro inmediato por la base de apoyo con la que aún cuenta el oficialismo, la fuerte conflictividad debilita la capacidad del mandatario para implementar sus reformas liberales de atracción de capitales en los sectores del gas y la minería.
