El Gobierno Nacional dispuso una quita presupuestaria superior a los $63.000.000.000 en la órbita del Ministerio de Salud de la Nación, conducido por Mario Lugones.
Esta reestructuración se enmarca dentro de una reducción generalizada del 2% aplicada sobre la totalidad de la Administración Pública Nacional. De acuerdo con los registros oficiales de la plataforma Presupuesto Abierto, la cartera sanitaria inició el ejercicio 2026 con un presupuesto asignado de $7.400.000.000.000, el cual sufrió modificaciones previas hasta situarse en $6.660.000.000.000, habiéndose ejecutado apenas un 31,5% de dicha partida hasta mediados de mayo.
Desde la conducción del Ministerio de Salud argumentaron que esta medida no compromete la atención de los pacientes y explicaron que el propósito central es corregir distorsiones estructurales previas, optimizar la inversión sanitaria y centralizar los procesos de compras. No obstante, las principales líneas afectadas por el ajuste económico impactan de manera directa sobre áreas de extrema sensibilidad, tales como el programa de Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica —cuya partida sufrió una baja cercana a los $20.000.000.000 y quedó en un presupuesto vigente de $145.629.000.000 con un nivel de ejecución superior a los $47.000.000.000 hasta mayo— y el sector destinado a medicamentos de alto costo y tratamientos oncológicos, que debió ceder unos $5.000.000.000 de los $10.000.000.000 originalmente disponibles (de los cuales solo se ejecutó el 6,2%).
La reducción presupuestaria también genera dudas respecto a la regularidad de diversos esquemas específicos administrados por el Estado, entre los que se listan el Banco de Drogas Oncológicas y Especiales, los programas de asistencia al paciente trasplantado y aquellos destinados al uso medicinal del cannabis. En paralelo, áreas de prevención sanitaria experimentarán disminuciones visibles, destacándose un recorte de $900.000.000 en el programa de Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable, y otro de $800.000.000 dirigidos al control del VIH, infecciones de transmisión sexual, hepatitis virales, tuberculosis y lepra. Asimismo, organismos clave como la Sedronar, el INCUCAI, el Instituto ANLIS-Malbrán, la Superintendencia de Servicios de Salud y la Administración Nacional de Establecimientos de Salud sufrieron una merma conjunta de $3.195.000.000.
Ante este nuevo escenario, referentes especializados en la gestión de políticas sanitarias, como el Director del Instituto de Política, Economía y Gestión en Salud (IPEGSA), Rubén Torres, manifestaron su preocupación por el impacto que estas decisiones tendrán a mediano plazo, especialmente en las provincias con menores recursos propios. El especialista advirtió sobre las serias consecuencias que implican la reducción de fondos para el INCUCAI y la adquisición de fármacos oncológicos de alto valor, señalando con especial inquietud el debilitamiento de iniciativas esenciales como el programa Remediar, debido a su repercusión directa sobre el acceso a la salud de los sectores socioeconómicos más vulnerables del país.
