A través de un texto publicado simultáneamente en destacados periódicos del exterior como El País de España, Libération de Francia y Folha de S. Paulo, junto con un comunicado en sus canales digitales titulado “Carta abierta: El costo democrático de la politización de la justicia”, Cristina Fernández de Kirchner ratificó su inocencia frente al fallo del expediente conocido como Vialidad.
En sus declaraciones, Cristina Kirchner denunció que la inhabilitación para ocupar cargos estatales busca marginarla para siempre de la escena electoral, cercenando las libertades del electorado. Por esta razón, confirmó la presentación formal de una petición individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con la intención de llevar el proceso judicial fuera del fuero nacional.
Para afrontar esta etapa ante los organismos internacionales, el equipo legal liderado por Alberto Beraldi sumó a dos expertos de renombre: el profesional brasileño Rafael Valim, reconocido por integrar la defensa de Luiz Inácio Lula da Silva, y el jurista español Javier Borrego, exintegrante del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En el marco del dictamen emitido por el Tribunal Oral Federal Número 2 —confirmado posteriormente por la Cámara Federal de Casación Penal en noviembre de 2024 y dejado firme por la Corte Suprema el 10 de junio de 2025—, la expresidenta, quien permanece bajo arresto domiciliario en la Ciudad de Buenos Aires cumpliendo una condena de 6 años de prisión por administración fraudulenta, argumentó que la pena principal persigue un objetivo político mediante la exclusión institucional, relegando la privación de la libertad a una consecuencia secundaria. Asimismo, el máximo tribunal de la Nación ratificó el 2 de julio de 2026 un decomiso por la suma de $684.990.000.000 contra la exmandataria, el empresario Lázaro Báez y otros involucrados en la causa sobre la obra pública santacruceña entre 2003 y 2015.
Durante sus reflexiones, Fernández de Kirchner cuestionó severamente la injerencia de las resoluciones judiciales en los procesos electorales, caracterizándolos como un menoscabo directo a la convivencia democrática tradicional en el que la soberanía del pueblo es reemplazada por criterios de los tribunales. Argumentó además que las supuestas irregularidades procesales obedecen a un ambiente de hostilidad ligado a un machismo estructural persistente en los estamentos judiciales del país. La expresidenta recordó de igual modo las advertencias realizadas por juristas internacionales en 2022 tras el atentado que padeció el 1 de septiembre de ese mismo año, señalando que los atropellos a las garantías constitucionales afectan la capacidad de los ciudadanos para elegir democráticamente a sus dirigentes políticos.
La presentación realizada ante el ente de la Organización de las Naciones Unidas busca determinar si durante los juicios desarrollados en el país se vulneraron los preceptos asentados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este órgano internacional, constituido por 18 especialistas independientes con sede central en la ciudad de Ginebra, evaluará en primera instancia las condiciones de admisibilidad del trámite. En caso de superar esta evaluación, requerirá explicaciones al Estado argentino previo a emitir un dictamen final, el cual posee carácter de recomendación y carece de facultades coercitivas directas sobre las resoluciones judiciales locales.
