El Gobierno Nacional confirmó que ampliará sus acciones en los tribunales mediante la interposición de denuncias penales dirigidas a corporaciones petroleras involucradas en exploraciones ilegales en la zona de las Islas Malvinas.
Desde la Oficina del Presidente puntualizaron que el accionar judicial no solo recaerá sobre el patrimonio o la razón social de las firmas involucradas, sino que alcanzará de manera individual a administradores, gerentes, directores y apoderados vinculados a la toma de decisiones corporativas.
Esta estrategia legal contempla tanto el impulso de expedientes inéditos como la adición de cargos en litigios que ya se encuentran cursando en la Justicia. Las fuentes gubernamentales identificaron entre las entidades alcanzadas en este nuevo tramo a Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited, Rockhopper Exploration (Oil) Limited, Borders & Southern Falkland Islands Limited, Borders & Southern Petroleum PLC y Desire Petroleum Limited, buscando castigar penalmente a quienes vulneren los derechos soberanos sobre el archipiélago.
El avance en el fuero penal complementa una serie de recursos presentados previamente por la Cancillería que lidera Pablo Quirno, junto con la Procuración del Tesoro encabezada por Sebastián Amerio. Aquella primera presentación recayó sobre firmas como Navitas Petroleum (en sus distintas filiales), JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd., elevando el listado de sancionados —entre individuos y sociedades— a seis docenas, en el marco de la normativa vigente que prohíbe operaciones hidrocarburíferas no autorizadas y fija inhabilitaciones comerciales de hasta dos décadas.
Las medidas forman parte de una escalada institucional desencadenada tras los cuestionamientos del Presidente Javier Milei al proyecto extractivo denominado Sea Lion. Esta ofensiva comprende el recrudecimiento de trámites administrativos mediante el reciente Decreto 868/2026, el impulso parlamentario de un proyecto sobre Defensa de la Soberanía Nacional y la asignación presupuestaria prioritaria para la construcción de la Base Naval Integrada situada en Tierra del Fuego.
