Hoy, el Congreso de la Nación discutirá la nueva Ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” presentada por el Gobierno Nacional.
La Ley Bases consiguió la semana pasada el dictamen de la Cámara de Diputados, luego de pasar por las comisiones de Legislación General; Presupuesto y Hacienda; y Asuntos Constitucionales.
El proyecto declara empresas sujetas a privatización a Aerolíneas Argentinas S.A., Energía Argentina S.A., Radio y Televisión Argentina S.E., e Intercargo S.A.U. También declara sujeta a privatización a Nucleoeléctrica Argentina S.A. y a Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, aunque en estos dos casos establece que el Estado debe mantener el control o la participación accionaria mayoritaria.
Por otro lado, se propone un esquema de concesión privada para las empresas Agua y Saneamientos Argentinos S.A., Correo Oficial de la República Argentina S.A., Belgrano, Cargas y Logística S.A., Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSE) y Corredores Viales S.A.
El Capítulo IV trata sobre el empleo público. Entre las modificaciones, se dispone que los sindicatos estatales no podrán descontar parte del salario de los trabajadores que no estén afiliados o que no hayan expresado de forma explícita su acuerdo para que el gremio realice dicho descuento.
También determina que a aquellos trabajadores que realicen una huelga se les descontará un proporcional por las horas no trabajadas, sin ningún tipo de sanción administrativa, y establece que aquellos funcionarios de órganos u organismos que sean eliminados serán pasados a disponibilidad por hasta 12 meses y que después serán desvinculados de la Administración Pública Nacional si no consiguen otro puesto.
El Título IV del texto está destinado a la “promoción del empleo registrado” en el sector privado. Esto permite a los empleadores regularizar vínculos laborales que comenzaron antes de que la ley entre en vigor, con un período de 90 días para hacerlo. Los empresarios quedarán eximidos de cualquier acción legal y deudas relacionadas con infracciones, multas y sanciones, y también serán eliminados del Registro de Sanciones Laborales.
El Título V de modernización laboral, establece la extensión del período de prueba y la creación de un fondo de cese laboral optativo, a determinar en los convenios colectivos de trabajo como alternativa a las indemnizaciones.
En relación con los períodos de prueba, actualmente son de 3 meses. La propuesta nueva consiste en extenderlos a 6 meses para empresas de más de 100 trabajadores, de 8 meses para PyMES de 6 a 99 trabajadores, y de un año para MiPyMES de hasta 5 trabajadores.
La empresa solamente podrá contratar a un trabajador bajo la figura del período de prueba una sola vez. La utilización abusiva del período de prueba podrá ser sancionada.
