Un gravísimo episodio de violencia sacudió a la comunidad originaria de Santa Rosa de Humahuaca, luego de que un desproporcionado despliegue de las fuerzas de seguridad terminara con al menos 10 personas heridas, la destrucción total de 3 viviendas y la preocupante incertidumbre sobre el paradero de un grupo de menores de edad.
El procedimiento policial, ejecutado en el marco de una disputa territorial, generó un profundo repudio por parte de los pobladores locales, quienes acudieron a la sede judicial correspondiente para formalizar las denuncias penales e instar por respuestas inmediatas a las autoridades.
De acuerdo con las declaraciones brindadas a por el Vicecomunero del lugar, Ángel Mendoza, efectivos de infantería y agentes de la policía irrumpieron abruptamente en los terrenos comunitarios utilizando gases lacrimógenos y disparando perdigones de goma a muy corta distancia. Las agresiones, dirigidas de forma directa hacia el cuerpo y el rostro de los comuneros, afectaron a adultos mayores, niños y personas con discapacidad que intentaban resguardar sus hogares. En medio de la intervención, maquinaria pesada que carecía de su correspondiente chapa patente derribó por completo las 3 casas habitadas por familias del pueblo originario, dejando sus pertenencias en la vía pública y provocando que varios de los lesionados presentaran entre 6 y 7 impactos de perdigones.
El aspecto de mayor alarma y gravedad institucional denunciado por la representación comunitaria se centra en el traslado indebido de 8 niños de entre 1, 2, 5 y 7 años de edad. Según explicaron los damnificados, los menores fueron apartados del predio por la fuerza pública sin que mediara notificación formal alguna ni la autorización de sus progenitores. Ante la absoluta falta de información sobre la localización de los pequeños, los referentes de la comunidad se presentaron ante la fiscalía con el objetivo de ampliar las actuaciones penales y exigir saber dónde están y que sean restituidos a sus hogares.
El trasfondo de la problemática responde a una disputa de tierras entre 2 sectores de la propia comunidad originaria por la posesión de una parcela. La conducción actual sostiene que la demanda de la otra parte se respalda en documentación irregular y planos no reconocidos oficialmente por la Dirección de Inmuebles. A su vez, los afectados cuestionaron severamente la validez de la orden judicial emitida por un Juzgado de Paz ajeno a la jurisdicción local y reclamaron la asistencia urgente del municipio de Humahuaca y del Gobierno provincial para brindar contención y techo a las familias que quedaron desamparadas.
