Este lunes por la mañana quedó oficialmente resuelta la crisis institucional que afectaba al Concejo Deliberante de La Quiaca, luego de que asumieron dos ediles que permanecían sin ejercer sus funciones.
La toma de juramento de los legisladores electos se produjo en cumplimiento directo de un mandato emitido por los tribunales provinciales, el cual buscaba destrabar un conflicto de poderes que se extendió por más de medio año. Sin embargo, la jornada no estuvo exenta de nuevas polémicas, ya que las autoridades del cuerpo legislativo restringieron el acceso a la sesión de la prensa.
El trasfondo del conflicto se remonta a diciembre de 2025, momento en el cual debían ingresar formalmente a la institución los ciudadanos elegidos por el voto popular en los comicios desarrollados en mayo de ese mismo año. Durante aquella sesión preparatoria, la intervención de las fuerzas de seguridad bloqueó el ingreso de Marcela López y Gustavo “Chavo” Farfán al recinto legislativo “María Dolores de Arrieguez”, bajo el argumento de una supuesta “inhabilidad moral”, una maniobra que postergó su asunción mientras que sí se avaló el ingreso de Silvano Velásquez, hermano del actual intendente de la ciudad, Dante Velázquez. Esta situación forzó a los damnificados a recurrir a los estrados judiciales, iniciándose un litigio que demandó varios meses de tramitación.
La resolución del caso comenzó a perfilarse a fines de febrero de 2026, cuando la Jueza María Eugenia Nieva, integrante de la Suprema Corte de Justicia provincial, dictó una medida cautelar ante la denuncia por conflicto de poderes presentada por López. A pesar de que el máximo tribunal otorgó un plazo perentorio de diez días para la reincorporación inmediata de los afectados, la conducción del Concejo Deliberante ignoró sistemáticamente la disposición, lo que motivó que en el mes de abril se radicara una denuncia penal ante el Ministerio Público de la Acusación contra las autoridades locales por desobediencia a la autoridad.
Ante la persistente resistencia a acatar las directivas de la Suprema Corte, la Justicia provincial incrementó la presión legal imponiendo una sanción económica de $80.000 diarios sobre el patrimonio personal del Presidente del Concejo Deliberante, Hugo Barro. Esta penalización pecuniaria, dispuesta por la persistente desobediencia judicial, se mantuvo activa hasta la sesión de este lunes, jornada en la que finalmente cedió la resistencia de las autoridades y se habilitó la correspondiente jura de López y Farfán, restituyendo el orden democrático alterado y dando cumplimiento definitivo a los resultados electorales.
