El Gobierno de Jujuy anunció medidas administrativas y contables frente a las protestas gremiales impulsadas por los sindicatos de la educación.
La postura oficial implica el descuento de los haberes correspondientes a las jornadas no trabajadas por los educadores, sumado a una advertencia severa hacia quienes se sumen a las convocatorias no reconocidas legalmente por el Estado.
En declaraciones oficiales, el Secretario de Comunicación y Gobierno Abierto, Alberto Siufi, precisó el alcance de estas determinaciones e hizo una distinción determinante entre las organizaciones. Según la postura del Ejecutivo, la medida atribuida a ADEP carece de validez técnica al no reconocer a dicho grupo como entidad gremial activa. En consecuencia, la ausencia del personal que decida sumarse a dicho llamado no será catalogada dentro del marco del derecho a huelga, sino que se registrará formalmente como una inasistencia injustificada bajo la figura de “falta sin aviso”.
Por otro lado, con relación a la huelga por 72 horas comunicada por CEDEMS, el funcionario confirmó que, aún tratándose de una protesta notificada en tiempo y forma, el Ejecutivo avanzará de manera efectiva con la quita salarial por los días de inactividad. A esta medida se le sumará una sanción económica retroactiva, ya que el Gobierno aplicará además las deducciones pendientes de un paro anterior que se habían congelado de manera condicional durante las mesas paritarias.
Desde el Gabinete provincial explicaron que el beneficio de no descontar las jornadas previas estaba supeditado a un pacto de paz social asumido por la dirigencia del gremio en las actas de negociación. Al reanudarse las medidas de fuerza, la administración jujeña dio por quebrantado el acuerdo marco, reabriendo los descuentos diferidos y ratificando una línea inflexible frente a la interrupción del dictado de clases.
