Este lunes comenzó de manera oficial la colocación de la subasta inicial impulsada por el Ejecutivo con los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, un esquema concebido para dotar de liquidez a las entidades bancarias y potenciar el financiamiento de la primera vivienda.
Esta medida responde a los anuncios realizados a finales de agosto por el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, junto al vicepresidente segundo de la autoridad monetaria, Baltasar Romero Krause, y el responsable del FGS, Juan Cruz Micele. En esta convocatoria de apertura, canalizada por el Banco Central, se licitan $200.000.000.000, los cuales formarán parte de una estrategia integral que aspira a movilizar un total de $2.000.000.000.000 a través de convocatorias escalonadas donde ningún participante podrá adjudicarse más del 20% del tramo en disputa.
El diseño operativo plantea dos alternativas de captación para el sistema bancario mediante subastas de carácter competitivo: depósitos con vencimiento a un año que fijan un rendimiento base de UVA+2,5%, y opciones a cinco años con un piso de UVA+4,5%, permitiendo que los bancos eleven esas propuestas para asegurar el fondeo. Aquellas instituciones que resulten ganadoras de los recursos estarán obligadas a volcar dicho dinero a la línea de préstamos hipotecarios bajo directrices precisas dictadas por la cartera económica. Las condiciones fijan que la financiación se otorgue a un lapso mínimo de 15 años y con un tope de tasa de interés del UVA+7,5% anual, estableciendo además un límite tope por tomador de 150.000 UVA (monto equivalente en la actualidad a cerca de $315.000.000 o unos US$206.000), fondos que se podrán canalizar tanto a la adquisición como a la edificación, reforma o ampliación del hogar principal.
Respecto al alcance de la iniciativa, los cálculos del Gobierno proyectan que la inyección financiera permitirá formalizar entre 17.000 y 18.000 nuevas operaciones en el mercado inmobiliario. Durante la presentación de la estrategia, las autoridades remarcaron que el organismo previsional no asume riesgos en la evaluación del cliente ni en el cobro, limitándose estrictamente a aportar el caudal de liquidez. Son las entidades financieras las encargadas de calificar a los solicitantes, otorgar los fondos y asumir los riesgos habituales del negocio crediticio, operando bajo las normativas del sector.
La propuesta fue recibida con entusiasmo en el sector financiero por las principales entidades que operan en este segmento, al encontrar en el mecanismo una herramienta útil para estructurar fondos a más largo plazo. Si bien en el sector reconocen que persiste cierta disparidad temporal dado que hay líneas que se extienden hasta los 20 años, se valora el impacto positivo para dinamizar la actividad. Como primer indicio de esta reconfiguración, el Banco Macro ya redujo su tasa de préstamos al techo de UVA+7,5%, movimiento que los analistas interpretan como la antesala de una adaptación generalizada del mercado, alineada a su vez con las recientes flexibilizaciones para el crédito corporativo en moneda extranjera dictadas por la gestión nacional.
