A raíz del clima de hostilidad internacional desatado tras la participación de la Selección Argentina en el mundial, el Poder Ejecutivo resolvió endurecer los controles migratorios en el país.
El Presidente Javier Milei firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia que faculta a las autoridades a denegar la entrada o disponer la deportación de cualquier ciudadano extranjero que promueva agresiones, mensajes de odio o discriminación dirigidos a la población local o a los emblemas patrios. Según detallaron desde la Oficina del Presidente, la iniciativa busca salvaguardar el orden institucional y la paz social ante el incremento de episodios de agresividad verbal y simbólica hacia la República.
El Decreto 681/2026, formalizado en el Boletín Oficial, incorpora de manera directa estos comportamientos como causales legítimas de inadmisión y expulsión del país. La normativa abarca tanto las declaraciones escritas u orales como las acciones concretas de profanación contra la bandera, el escudo u otros símbolos nacionales. Desde la Presidencia de la Nación enfatizaron que, si bien la Argentina ha mantenido históricamente sus puertas abiertas, la soberanía estatal faculta al Ejecutivo a delimitar las condiciones de permanencia con el fin de proteger la cohesión social. Tras la promulgación del DNU, el documento deberá ser remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, la cual dispondrá de un término de 10 días hábiles para pronunciarse sobre su validez legal.
En lo respectivo al alcance operativo de la medida, el primer artículo del texto oficial especifica que las restricciones aplicarán a quienes hayan incitado a la violencia o emitido discursos de odio por motivos de nacionalidad, de forma directa o indirecta. Aquellos extranjeros con residencia en el país que incurran en estas faltas podrán perder de forma inmediata su condición legal de permanencia. Según lo fijado en el artículo 3 de la norma, la revocación de la estadía conllevará la intimación a abandonar el suelo nacional dentro de un período determinado o, en su defecto, la ejecución de la expulsión directa, ponderando cada situación particular.
Con este marco legal, el Gobierno fijó una postura firme con la que busca desincentivar agresiones externas y sentar un precedente en materia de seguridad interior. La disposición señala de forma contundente que los actos percibidos como un ultraje hacia la sociedad argentina o sus instituciones serán causal suficiente para impedir el ingreso o forzar la salida inmediata del país. De esta forma, la administración nacional reafirmó que el respeto a la soberanía e identidad de la Argentina constituye un principio prioritario e innegociable para la gestión.
