La clausura definitiva y posterior intervención de Ueno Bank por parte del Banco Central del Paraguay (BCP) desencadenó un colapso de proporciones históricas que dinamitó la estabilidad económica del país e hirió de muerte al Poder Ejecutivo.
La entidad, que figuraba como la quinta fuerza bancaria en volumen de depósitos y ostentaba el liderazgo absoluto en cantidad de usuarios con 2,9 millones de clientes —representando al 60% de los adultos paraguayos—, vio congeladas de forma intempestiva la totalidad de sus operaciones electrónicas y sucursales físicas. La drástica medida del órgano regulador, motivada por la caída abrupta de los índices de solvencia del banco a menos de la mitad del mínimo legal exigido, dejó en la deriva financiera no solo a miles de ciudadanos, sino también a una inyección de más de USD 850 millones pertenecientes a fondos públicos, entre los que destacan los recursos destinados a las jubilaciones y prestaciones de salud del Instituto de Previsión Social (IPS).
El detonante técnico de la quiebra radicó en una serie de maniobras irregulares y préstamos opacos concedidos a firmas vinculadas a su matriz, el Grupo Vázquez, que impulsó la expansión del banco desde 2021 tras fusionar Financiera El Comercio y Credicentro, para luego culminar en 2024 con la absorción masiva de Visión Banco. La Superintendencia de Bancos detectó que la institución concedió créditos y sobregiros en condiciones totalmente fuera de los estándares de riesgo, derivando en un traspaso simulado de cartera morosa por USD 74,4 millones a la firma relacionada Vinanzas SA, presuntamente financiada por la propia entidad intervenida para maquillar sus estados contables. Frente a este escenario, la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción imputó a 27 individuos por delitos que van desde la lesión de confianza y la conducta indebida en situación de crisis hasta la tentativa de estafa, disponiéndose la detención y traslado bajo severas medidas de seguridad del máximo accionista, Miguel Vásquez, y otros siete altos directivos.
El trasfondo político de la quiebra escaló a niveles insostenibles debido a los conflictos de interés manifestados en la cúspide del Estado, dado que el presidente de la Nación, Santiago Peña, fue accionista del Ueno Bank hasta marzo de 2025, mientras que el titular del BCP, Carlos Carvallo —quien encabezaba el banco privado hasta mediados de 2023—, pasó sin escalas a fiscalizar la misma entidad que antes dirigía. Ante el estallido social y la interrupción de pagos de los Certificados de Depósito de Ahorro, Peña removió a Carvallo y designó en su reemplazo al economista Raúl Vera Bogado, impulsando paralelamente en el Congreso una ley de emergencia para que el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) habilite un reintegro prioritario de hasta 40 salarios mínimos (unos USD 19.787) por ahorrista. Sin embargo, el descontento de la ciudadanía e instituciones afectadas derivó en la presentación de un pedido de juicio político contra el mandatario y su vicepresidente Pedro Alliana; en medio de la desestabilización institucional, Peña anunció formalmente su renuncia al cargo, pero la votación legislativa para procesarla fracasó por falta de quórum tras el retiro en bloque del Partido Colorado.
Las secuelas del derrumbe traspasaron las fronteras paraguayas y generaron un inmediato cimbronazo laboral en la Argentina, donde la firma Kaitel SRL Sucursal Argentina (filial de la proveedora tecnológica ITTI, ligada al grupo económico de Ueno Bank) notificó la suspensión masiva sin goce de sueldo de más de 900 empleados radicados en Buenos Aires. La firma tecnológica justificó la suspensión formal por 30 días argumentando la parálisis total de las vías de financiamiento procedentes de la matriz guaraní y el cese de sus actividades habituales, en un contexto signado por la falta de acreditación de haberes tanto en pesos locales como en plataformas internacionales de cobro. Mientras la Asociación de Bancos del Paraguay enfatiza que el resto del sistema bancario privado mantiene la operatividad plena, la parálisis institucional en Asunción se profundiza al compás de las investigaciones judiciales y los reclamos masivos en las calles.
