Durante la cadena nacional, el Presidente Javier Milei dio a conocer un paquete de modificaciones a la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, calificando a la institución como una herramienta histórica utilizada por la dirigencia política para perjudicar a la población.
Acompañado por miembros de su gabinete y del equipo económico, el primer mandatario sostuvo que las reformas buscan erradicar la emisión monetaria destinada al financiamiento del sector público, señalando que la inflación acumulada desde la creación del organismo en el año 1935 alcanza una cifra de 20 dígitos equivalente al 12.819.532.788.614.400.000%, mientras que el incremento de precios en lo que va del siglo 21 asciende al 168.580%. Asimismo, cuestionó la salida de la convertibilidad aplicada en la década de 1990 y acusó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a la extitular de la entidad Mercedes Marcó del Pont de haber retirado US$10.000.000.000 del organismo en el año 2010 a través del Fondo del Bicentenario, monto que a valores actuales representaría US$15.000.000.000.
El proyecto de ley formalizado por el Poder Ejecutivo se articula sobre 5 pilares fundamentales que reformularán el funcionamiento de la autoridad monetaria. En primer término, se fija como único y principal objetivo de la entidad la preservación del valor de la moneda nacional, reconociendo el carácter estrictamente monetario de los procesos inflacionarios. En segundo lugar, se establece una prohibición explícita para que el banco financie al Tesoro Nacional, a las provincias o a los municipios, vedando además la adquisición de títulos públicos en el mercado primario por considerarlo una práctica asimilable a la falsificación de dinero. Por otra parte, la iniciativa busca blindar a las autoridades del organismo elevando las exigencias para su eventual remoción, la cual requerirá el aval de los 2/3 de los integrantes tanto de la Cámara de Senadores como de la Cámara de Diputados. Finalmente, se disponen nuevas pautas para el manejo de la liquidez y la reserva técnica con activos al 31 de diciembre de 2026, destinando las utilidades operativas exclusivamente a la cancelación de deudas del Estado, al tiempo que se eliminan las modificaciones introducidas en el año 2012 y el uso de letras intransferibles.
De manera complementaria a la reforma financiera, el Jefe de Estado anunció la remisión al Congreso de una serie de iniciativas legislativas destinadas a transformar el marco fiscal y normativo del país. Entre ellas destaca la propuesta denominada Grillete Fiscal, un esquema normativo permanente diseñado para impedir la aprobación o sostenibilidad de presupuestos con déficit. Según lo expuesto, en caso de registrarse desequilibrios en las cuentas públicas durante un periodo prolongado, el Poder Legislativo contará con un plazo acotado de semanas para reestablecer el equilibrio; de no lograrse dicha corrección, se activará un mecanismo de parálisis administrativa en áreas no esenciales del Estado que incluirá la suspensión total del cobro de haberes para el presidente, vicepresidente, legisladores, ministros, secretarios y subsecretarios.
Por último, el paquete normativo contempla profundas transformaciones en los sectores financiero y asegurador con el objetivo de reducir la intervención estatal y dinamizar la economía privada. En el ámbito del mercado de capitales, se impulsará una desregulación que facilitará la emisión de bonos corporativos en moneda extranjera u otras unidades de medida, liberando además las condiciones para el financiamiento colectivo. En lo que respecta al rubro asegurador, las compañías operantes tendrán plena autonomía para diseñar y comercializar productos sin requerir la aprobación previa del organismo regulador, cuya función quedará delimitada a la fiscalización de la solvencia empresarial y a la prevención de fraudes contra los asegurados. El mandatario concluyó su intervención instando a los legisladores a respaldar el conjunto de medidas de cara al debate parlamentario.
