La lucha contra el narcomenudeo ha sumado un nuevo capítulo en la provincia de Jujuy, tras una serie de despliegues coordinados por el Ministerio de Seguridad.
Durante la primera semana de mayo, específicamente entre los días 1 y 7, se ejecutaron un total de 19 procedimientos de control y allanamiento que permitieron desarticular diversos puntos de venta. Estas acciones contaron con la participación estratégica de la Dirección General de Narcotráfico, la Agencia Provincial de Delitos Complejos y el Ministerio Público de la Acusación, logrando la demora de 15 individuos acusados de transgredir la Ley Nacional N° 23.737.
El balance de los elementos incautados durante estos siete días revela la magnitud del mercado ilegal que fue interceptado por las fuerzas provinciales. En total, se lograron retirar de circulación más de 12.000 dosis de estupefacientes, discriminadas en un volumen superior a las 10.800 unidades de cocaína o pasta base, y más de 1.400 dosis de cannabis sativa. A este secuestro se sumaron 71 kilogramos de hojas de coca en estado natural, evidenciando la diversidad de sustancias que eran objeto de comercialización en las zonas intervenidas.
Además del material estupefaciente, los agentes policiales decomisaron una serie de recursos logísticos y económicos que sustentaban la actividad delictiva. Entre los elementos secuestrados se encuentran dos motovehículos utilizados presuntamente para la distribución, un teléfono celular, una balanza de precisión empleada para el fraccionamiento y una cifra de dinero en efectivo que roza los dos millones de pesos. Este golpe al patrimonio del narcomenudeo se extendió geográficamente por diversos puntos críticos de la provincia, incluyendo San Salvador de Jujuy, Alto Comedero, Libertador, Perico, Monterrico y San Pedro.
Desde las autoridades gubernamentales se destacó que estos operativos son parte de una política de seguridad integral que busca devolver la tranquilidad a los barrios jujeños mediante la prevención y el combate directo al tráfico de drogas. Al contar con el respaldo de las fiscalías correspondientes en cada jurisdicción, los procedimientos refuerzan el compromiso de las instituciones locales en el fortalecimiento de las acciones legales contra el crimen organizado. La continuidad de estos controles territoriales se mantiene como una prioridad para las fuerzas de seguridad en todo el territorio provincial.
