La provincia de Jujuy enfrenta un escenario complejo tras la escalada de advertencias violentas en instituciones educativas, una situación que ya ha derivado en la imputación de 35 menores de edad.
Según informó el Fiscal Pablo de Tezanos Pintos, el Ministerio Público de la Acusación gestiona actualmente un volumen superior a las 100 denuncias, lo que ha movilizado a equipos técnicos, ayudantes fiscales y fuerzas de seguridad en operativos desplegados por todo el territorio provincial. Estos procedimientos incluyeron allanamientos en diversos domicilios donde se procedió al secuestro de dispositivos electrónicos, tales como computadoras y teléfonos celulares, con el fin de rastrear el origen de los mensajes que alteraron el orden público.
El trasfondo de estas acciones, que inicialmente fueron interpretadas por los jóvenes como simples desafíos virales o bromas en plataformas digitales, ha tenido un impacto tangible y negativo en la dinámica escolar. El Fiscal advirtió que el temor generalizado provocó una sensible disminución en la asistencia a las aulas, afectando la estabilidad de la comunidad educativa en su conjunto. Las autoridades subrayaron que estas conductas se encuadran legalmente bajo la figura de intimidación pública, tal como lo establece el artículo 211 del Código Penal, lo que eleva el conflicto de un plano meramente disciplinario a un ámbito judicial con consecuencias directas para los involucrados y sus familias.
Respecto a las implicancias legales, la Justicia ha diferenciado dos caminos según la edad de los protagonistas: mientras que los adolescentes mayores de 16 años podrían enfrentarse a penas que oscilan entre los 3 y 6 años de prisión, en el caso de los menores de esa edad la responsabilidad civil y legal recae directamente sobre sus progenitores. No obstante, desde la fiscalía se ha hecho hincapié en que el objetivo primordial no es la aplicación de castigos punitivos severos por sí mismos, sino fomentar un enfoque restaurativo y educativo. Se busca que los jóvenes comprendan la gravedad de sus actos y asuman la responsabilidad por el pánico generado, muchas veces bajo presión de pares o por imitación de contenidos nocivos en internet.
En los últimos días, se ha observado una tendencia a la baja en la cantidad de nuevos incidentes reportados, un fenómeno que los investigadores vinculan a una reacción más activa de los padres de familia y a una creciente toma de conciencia social. De Tezanos Pintos enfatizó la necesidad crítica de que los núcleos familiares mantengan un diálogo abierto y constante con los menores sobre el uso responsable de la tecnología. Mientras la investigación continúa para identificar a los responsables de las denuncias aún no esclarecidas, el llamado de las autoridades es a la prevención y al compromiso preventivo de los adultos para evitar que juegos digitales se transformen en causas penales.
