La Secretaría Nacional de Discapacidad atraviesa momentos de incertidumbre tras la sorpresiva dimisión de su titular, Alejandro Vilches, quien formalizó su salida del cargo aludiendo a motivos estrictamente personales.
La decisión, comunicada de manera inesperada al mediodía, se produce en un escenario de fuerte tensión interna dentro del Ejecutivo nacional a raíz de las partidas y recortes contemplados para el área en el proyecto de Presupuesto 2027. Ante este cuadro de situación, las autoridades del Ministerio de Salud se encuentran analizando distintos perfiles para definir a la brevedad quién asumirá la conducción del organismo.
El detonante del descontento generalizado fue la presentación de las previsiones financieras para el próximo ejercicio, las cuales expusieron reducciones de fondos que generaron inmediatas objeciones por parte de la oposición y de diversos sectores oficialistas que manifestaron no haber sido consultados. Entre las voces más firmes de cuestionamiento se destacó la de la Senadora Patricia Bullrich, referente de la bancada libertaria en la Cámara Alta. Frente a este panorama, el Gobierno dio señales de apertura para reevaluar los números asignados a las políticas de discapacidad, mientras que desde la Cámara de Diputados se impulsa la redacción de un nuevo marco normativo orientado a reemplazar la declaración de emergencia actualmente vigente.
La salida de Vilches se suma a una serie de altibajos institucionales en una dependencia cuya agenda resulta sumamente compleja, ya que trasciende la órbita puramente sanitaria para articular con educación, transporte, empleo y protección social. El funcionario saliente, un médico formado en la Universidad del Salvador con amplia trayectoria en auditoría y gestión de obras sociales y de la administración pública, había tomado las riendas de la cartera tras la desvinculación de Diego Spagnuolo, removido por presuntas irregularidades. Durante su gestión, Vilches cobró particular notoriedad por supervisar la reprogramación del examen de residencias médicas luego de detectarse anomalías en las puntuaciones de más de doscientos aspirantes.
El recambio de autoridades coincide además con reclamos de organizaciones sociales y familiares de personas con discapacidad, quienes advierten sobre el impacto negativo que la desregulación de las prestaciones podría tener en el acceso equitativo a terapias y educación especializada. Diversas figuras públicas han expresado su preocupación respecto a eventuales modificaciones en el nomenclador único, argumentando que dicho mecanismo es el principal garante de que los beneficiarios reciban la misma calidad de atención sin importar su nivel de ingresos o el tipo de cobertura médica que posean.
