Un pedido de prisión preventiva por 180 días pesa sobre el estratega político argentino Fernando Cerimedo en Bolivia, en el marco de la causa que investiga la tentativa de femicidio sufrida por su expareja, la abogada Nadia Beller.
La resolución quedó en manos de la magistratura cruceña, que evaluará la solicitud presentada por la Fiscalía General mientras el imputado permanece arrestado en las dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), con la posibilidad latente de ser trasladado al centro penitenciario de Palmasola.
El hecho criminal se produjo en las inmediaciones de un establecimiento hotelero en Santa Cruz de la Sierra, momento en que dos personas a bordo de un ciclomotor y disfrazadas de repartidores dispararon en tres ocasiones contra la víctima. Beller fue ingresada a un centro de salud con lesiones múltiples —comprobándose además que cursa una gestación de cinco semanas—, al tiempo que las fuerzas de seguridad montaron un operativo para dar con los ejecutores materiales del ataque. Por su parte, Cerimedo resultó interceptado en la terminal aérea internacional de Viru Viru y posteriormente se incautaron sus dispositivos tecnológicos, entre ellos una computadora y un teléfono móvil, con el objetivo de someterlos a peritajes técnicos.
Dentro del expediente, el Fiscal Departamental Alberto Zeballos y la Fiscal Yolanda Aguilera han incorporado los testimonios de la agredida, registros de videovigilancia e intercambios de mensajes en donde se denuncian episodios previos de agresión física. El encausado prefirió guardar silencio durante la indagatoria formal, mientras que su abogada defensora, Margarita Arce, rechazó tajantemente la imputación sosteniendo la hipótesis de una maniobra de “autoatentado”. Según la postura del equipo legal del consultor, las acusaciones responderían a un trasfondo de desestabilización política enfocado en el entorno del mandatario boliviano Rodrigo Paz, negando a su vez que Cerimedo buscara abandonar la nación andina o tuviera responsabilidad en la gestación reportada.
Las implicancias del caso traspasaron la frontera tras conocerse versiones que vincularon a Beller con datos sobre supuestas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en Argentina. Frente a este panorama, la legisladora Marcela Pagano requirió la citación formal de la víctima ante el tribunal argentino encabezado por el Juez Ariel Lijo, a fin de recabar testimonios e información referente a grabaciones que podrían esclarecer el origen de ciertas filtraciones auditivas en dicha causa judicial.
