El Poder Judicial dictaminó una pena de 7 años de prisión de cumplimiento efectivo para Julián A. F. Martínez, quien fue encontrado culpable de comercializar terrenos fiscales de manera fraudulenta.
Esta sentencia es considerada un hito en la región, ya que no solo castiga un severo perjuicio contra las arcas estatales, sino que también hace justicia para más de una veintena de familias que resultaron damnificadas por sus maniobras.
El origen de la causa penal se remonta a una serie de controles preventivos ejecutados en la localidad de La Quiaca por la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Hábitat (SECOTyH). Al detectar las transacciones irregulares de estos espacios de dominio público, la institución gubernamental radicó la denuncia correspondiente. La posterior investigación penal preparatoria, llevada a cabo en un esfuerzo coordinado entre el organismo denunciante y el Ministerio Público de la Acusación, derivó en la captura del sospechoso durante el pasado mes de marzo y concluyó este miércoles mediante la modalidad de un juicio abreviado.
Durante las audiencias se constató que el imputado engañaba a ciudadanos que buscaban de buena fe un espacio para edificar sus hogares, ofreciéndoles los lotes del Estado como si fueran de su propiedad privada. Ante las pruebas recolectadas, el tribunal dictó el fallo condenatorio bajo los cargos de estafa, fraude en perjuicio de la administración pública, falsificación de instrumento público y peculado. Desde el área habitacional de la provincia ponderaron la resolución al tratarse de la primera condena de cárcel efectiva en Jujuy por este tipo de ilícitos, marcando un fuerte aviso para desincentivar futuras estafas inmobiliarias similares.
La resolución de este caso se enmarca en una política activa de fiscalización y recuperación de parcelas estatales que se viene desplegando en diversos puntos del territorio jujeño. De hecho, las autoridades confirmaron que en el último período ya se formalizaron otras cinco denuncias penales por irregularidades parecidas, las cuales avanzan actualmente en sus respectivos carriles judiciales. Finalmente, desde el Gobierno instaron a la población a ser cautelosa y acercarse a las oficinas de la SECOTyH ante cualquier incertidumbre sobre el estatus legal de un terreno, garantizando el acceso a datos oficiales sobre regularización dominial para evitar engaños.
