El Gobierno Nacional dejó sin efecto el mecanismo de subsidios estatales que resarcía de forma parcial a las compañías de colectivos de larga distancia por los pasajes otorgados sin costo a personas con discapacidad.
La medida se formalizó mediante la Resolución 28/2026, publicada en el Boletín Oficial este martes 26 de mayo. Este beneficio económico del Estado estaba dirigido a aliviar los costos de las firmas de transporte interjurisdiccional cuando transportaban de manera gratuita a personas con discapacidad, ciudadanos trasplantados o en lista de espera de órganos, y menores de edad que atraviesan tratamientos oncológicos.
A pesar de la cancelación de estas partidas de dinero administradas por la gestión de Javier Milei, el texto gubernamental enfatiza que la reestructuración del sistema no altera el marco normativo de fondo que protege a los usuarios. De este modo, se explicitó que la supresión del esquema de reintegros financieros no vulnera el contenido esencial del derecho a la gratuidad, el cual se mantiene plenamente vigente y es de carácter exigible. Por consiguiente, las operadoras del sector de larga distancia conservan la obligación legal de continuar emitiendo boletos sin cargo a los beneficiarios contemplados, asumiendo la totalidad del costo operativo sin la contraprestación pública que percibían previamente.
El argumento oficial para justificar la disolución de estas transferencias se vincula de forma directa con la desregulación general del sector, iniciada a partir del Decreto 883/2024. Según los considerandos de la nueva normativa, dicha disposición previa facultó a los prestadores para definir de manera autónoma sus itinerarios, frecuencias, tarifas, modalidades y la extensión temporal de las prestaciones. En este sentido, las autoridades argumentaron que el antiguo modelo de compensaciones se había originado en una época de fuerte intervención en los precios de los pasajes con el propósito de mitigar los desajustes en las finanzas de las empresas, una realidad estructural que el Ejecutivo considera actualmente superada.
Para concluir, el dictamen emitido este martes califica como innecesaria la continuidad de los desembolsos a los transportistas dadas las nuevas condiciones de libertad de mercado vigentes. En este renovado marco de control, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) asumirá un rol preponderante en las terminales y rutas del país. La entidad fiscalizadora tendrá la responsabilidad directa de monitorear y asegurar que cada una de las firmas de transporte de carácter interjurisdiccional cumpla efectivamente con sus obligaciones legales de transporte gratuito, garantizando el acceso a los asientos previstos por ley a pesar de la eliminación del incentivo económico estatal.
