Un reciente relevamiento económico elaborado por la Fundación Pensar advierte sobre un marcado e histórico incremento en el nivel de morosidad bancaria que registran las familias del país.
De acuerdo con el informe denominado Pensar Argentina correspondientes a octubre de 2026, el índice de irregularidad financiera en los préstamos otorgados a los hogares escaló al 12,9% durante el pasado mes de julio, lo que representa más del doble respecto del 5,6% anotado en el mismo período del año anterior. Esta cifra se consolida como el registro más elevado registrado desde que se inició la medición sistemática en enero de 2010, y aunque se aprecian leves señales de desaceleración en la caída, los analistas descartan que se trate de una normalización del escenario patrimonial doméstico.
El fenómeno de incumplimiento impacta de manera directa en los instrumentos crediticios destinados a financiar el consumo diario y de corto plazo. Los préstamos personales encabezan la nómina de morosidad al registrar una tasa del 16,7%, seguidos muy de cerca por los resúmenes de tarjetas de crédito, cuya mora se posicionó en el 12,8%. En contraposición, las líneas que cuentan con respaldos de garantías específicas exhiben un comportamiento significativamente más estable, registrando una irregularidad del 8,1% en el caso de las herramientas prendarias y situándose en un marginal 1,6% dentro del segmento de los créditos hipotecarios.
El análisis incorpora además los resultados de un sondeo de alcance nacional conducido por la consultora Casa Tres, el cual refleja que el 58% de las personas encuestadas debió acudir al financiamiento o tomar algún préstamo en el último tiempo. Al indagar sobre la finalidad de dichos recursos, los datos dejan al descubierto una inclinación marcada hacia el sostenimiento del gasto básico: un 26% destinó el dinero a la adquisición de alimentos, un 21% a erogaciones cotidianas del hogar, un 15% al abono de tarifas de servicios o impuestos públicos y un 14% a refinanciar compromisos o saldar compromisos previos. Este patrón confirma que las herramientas de crédito están siendo utilizadas masivamente para cubrir requerimientos corrientes de consumo.
En lo que respecta al cumplimiento formal de las obligaciones generales de la economía doméstica, la encuesta reveló que el 54% de los participantes sufrió algún retraso o interrupción de pago en compromisos financieros o de servicios durante los últimos meses por motivos presupuestarios. Dentro de este universo, un 46% incumplió en el pago de servicios esenciales, el 36% se demoró en las liquidaciones de tarjetas de crédito y un 33% registró atrasos en préstamos o deudas personales. El reporte precisa que este valor no traslada automáticamente a la mora bancaria formal, ya que el sondeo abarca gastos corrientes diversos y la estadística del sistema bancario computa únicamente las carteras irregulares de las entidades.
Al desagregar las estadísticas por segmentos socioeconómicos y grupos etarios, surgen asimetrías profundas en la capacidad de resistencia patrimonial frente a los gastos diarios. El 72% de los encuestados correspondientes a los sectores de menores ingresos manifestó haber tenido mora o atrasos, mientras que ese indicador desciende al 43% en la clase media y se reduce al 30% en los estratos de ingresos altos. En cuanto a la variable cronológica, los deudores jóvenes son los más golpeados: un 37% de los usuarios de entre 18 y 25 años, así como igual proporción en la franja de 26 a 35 años, se encuentra en situación irregular, ratio que se contrae gradualmente conforme avanza la edad hasta tocar un 16% en los mayores de 66 años.
A pesar de la gravedad del cuadro de endeudamiento familiar, el documento de la Fundación Pensar descarta que esta situación represente una amenaza sistémica inmediata para la banca. Los datos oficiales del Banco Central de la República Argentina demuestran que el sistema financiero cuenta con coberturas mediante previsiones que alcanzan el 87,6% de la cartera irregular total, sumado a una integración de capital que representa el 30,5% de los activos ponderados por riesgo. De este modo, la preocupación de fondo no radica en una eventual fragilidad institucional de las entidades, sino en la exclusión crediticia de los hogares sobreendeudados y en la urgencia de diseñar mecanismos de regularización que eviten que este deterioro financiero se convierta en un problema permanente.
