El panorama del crédito en Argentina atraviesa una fase crítica, marcada por un notable incremento en las tasas de morosidad que golpea de manera desigual a los distintos sectores de la sociedad.
Según los últimos registros del Banco Central de la República Argentina correspondientes al mes de marzo, el índice de incumplimiento en los préstamos destinados a las familias escaló hasta el 11,5%, un umbral que no se observaba desde el año 2004 y que contrasta drásticamente con el 2,5% anotado en octubre de 2024. El fenómeno se manifiesta con especial gravedad en las líneas de créditos personales, donde el pasivo irregular trepó al 14,2%, y en el financiamiento mediante tarjetas de crédito, que registró un 11,7%. En contraposición, el sector corporativo exhibe una solidez relativa con una mora general del 3,1%, a pesar de que rubros específicos como la construcción y el comercio muestran signos de debilidad al posicionarse por encima de esa media.
Las razones detrás de este escenario no responden a conductas financieras individuales, sino a variables macroeconómicas de fondo que restringen la capacidad de pago de los hogares. Un análisis elaborado por la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia vincula el salto de la irregularidad con el deterioro de las condiciones laborales y salariales derivado del rumbo económico actual. Tras un breve repunte del poder adquisitivo formal a finales de 2024 que incentivó compromisos de consumo de largo plazo, los salarios reales retrocedieron en 11 de los últimos 15 meses. Esta retracción del ingreso real se vio agravada por la escalada en las tarifas de los servicios públicos, que redujo el presupuesto disponible de los trabajadores, y por el encarecimiento del costo del dinero financiero tras el desarme de las Letras de Financiamiento Bancario (Lefis) a mediados de 2025.
El desempleo emerge como otro factor determinante con un correlato geográfico y generacional muy definido en las estadísticas de morosidad. Las provincias que sufrieron las mayores pérdidas de puestos de trabajo entre finales de 2023 y principios de 2026, tales como Santa Cruz, Tierra del Fuego y Formosa, lideran el crecimiento de las carteras vencidas. De igual modo, el segmento de la población comprendido entre los 18 y 24 años se consolidó como el más vulnerable: el 40% de los jóvenes que asumieron compromisos financieros se encuentra hoy con dificultades para cancelarlos, una cifra ligada de forma directa al aumento de la desocupación en esa franja etaria, la cual avanzó más de tres puntos porcentuales durante el año pasado según datos oficiales del INDEC.
En la actualidad, las complicaciones para cumplir con las obligaciones bancarias alcanzan a unos 6,3 millones de ciudadanos, empujando a muchas familias a contraer deudas accesorias en servicios básicos y marginándolas del sistema financiero formal. Frente a los discursos que atribuyen la problemática a una baja instrucción financiera de los usuarios, los relevamientos sectoriales ratifican el peso del entorno económico general. Por su parte, la conducción del Banco Central, liderada por Santiago Bausili, reconoció la complejidad del escenario actual, pero descartó cualquier tipo de auxilio financiero estatal para los damnificados, señalando que las entidades bancarias privadas ya comienzan a percibir tenues signos de estabilización en sus carteras.
