El escenario judicial en los tribunales de Comodoro Py sumó un nuevo capítulo esta mañana con la comparecencia de Pablo Martín Feijoo.
El testigo, hijo de una de las jubiladas que vendió el inmueble ubicado en la calle Miró al 500, ingresó a la fiscalía de Gerardo Pollicita minutos antes de las diez, logrando eludir a los medios presentes. Su testimonio es considerado una pieza clave para desentrañar la naturaleza de la operación inmobiliaria en Caballito, específicamente sobre el estado original del departamento y las condiciones de financiamiento que permitieron a Manuel Adorni adquirir la propiedad por US$230.000 tras un pago inicial de apenas US$30.000.
La estrategia del fiscal Pollicita para profundizar en esta sospecha de enriquecimiento ilícito no se agota en este testimonio. Ya se ha programado para el 6 de mayo la declaración de Leandro Miano, allegado a la otra vendedora del inmueble, a quien se le ha solicitado entregar su dispositivo móvil y toda la documentación respaldatoria sobre el mantenimiento del lugar. Asimismo, tras un pedido de la defensa del funcionario, se debió postergar para el 4 de mayo la declaración del contratista Matías Tabar, cuya empresa, Grupo AA, estuvo a cargo de las refacciones en otra propiedad del jefe de ministros situada en el country Indio Cuá.
El núcleo de la controversia radica en la notable diferencia entre el valor de mercado y el precio de venta acordado. Mientras que un matrimonio de martilleros tasó la propiedad en US$345.000, el funcionario cerró la compra por una cifra significativamente menor, beneficiándose además de una hipoteca a un año sin intereses. Según versiones de la escribana interviniente, esta facilidad financiera se justificó por una relación de amistad preexistente entre las familias, dado que los hijos de Feijoo y Adorni asisten a la misma institución educativa. A esto se suma el dato aportado por el anterior dueño, el exfutbolista Hugo Morales, quien indicó que Feijoo fue quien originalmente reservó la unidad.
Más allá de los ladrillos, la justicia ha puesto la lupa sobre el estilo de vida y los movimientos migratorios del Jefe de Gabinete y su círculo íntimo. El fiscal busca determinar si existe una correlación lógica entre los ingresos declarados por el funcionario y la frecuencia de sus traslados aéreos. Para ello, se ha iniciado un rastreo minucioso de pasajes a destinos internacionales como Punta Cana, Cancún y Nueva York —este último vinculado al evento “Argentina Week” en marzo de 2026—, así como diversos vuelos de cabotaje a centros turísticos como Iguazú, Bariloche y Mendoza, realizados tanto por él como por su esposa, la señora Angeletti.
La investigación técnica ha derivado en una serie de oficios dirigidos a las principales operadoras de turismo, incluyendo gigantes del sector como Despegar y agencias especializadas como Tower Travel y Eurovips. La justicia demanda la entrega inmediata de códigos de reserva, facturas, modalidades de pago y vouchers para reconstruir el flujo de fondos detrás de cada viaje. La División Antifraude de la Policía Federal Argentina es la encargada de ejecutar estas diligencias en las oficinas comerciales, buscando cualquier rastro de inconsistencia en las transacciones realizadas entre finales de 2022 y la actualidad.
Finalmente, el requerimiento de información se extendió a la aerolínea de bandera, solicitando un registro detallado de los servicios utilizados por la familia Adorni hacia destinos como Punta del Este, Montevideo y diversas provincias argentinas. Con estas medidas, la fiscalía intenta armar un rompecabezas que va desde la compra de un departamento en Caballito hasta los tickets aéreos de sus últimas vacaciones. El objetivo final es confirmar si los activos acumulados y los gastos suntuarios del Jefe de Gabinete se ajustan a la realidad de sus ahorros o si, por el contrario, existen indicios de un crecimiento patrimonial injustificado.
