La Armada Argentina tomó la determinación de apartar de sus cargos a diez de sus miembros en el marco de las averiguaciones iniciadas por una serie de irregularidades detectadas en la liquidación de haberes.
De acuerdo con lo dispuesto por el almirante Juan Carlos Romay, Jefe del Estado Mayor General de la institución, se puso en marcha un expediente disciplinario que podría culminar en la expulsión de los implicados. En simultáneo, los tribunales federales avanzan en el esclarecimiento de 645 transferencias anómalas que representan un monto cercano a los $981.000.000.
Las pesquisas internas permitieron identificar a un total de 23 beneficiarios de estos desembolsos, divididos entre diez uniformados y trece civiles o personas ajenas a la fuerza armada. Todo el personal castrense involucrado fue preventivamente desafectado de sus tareas operativas e ingresó formalmente a un proceso sumarial. Con esta precisión se clarificaron los trascendidos previos que señalaban a nueve efectivos, al tiempo que se estableció que no se trata de un cese inmediato de funciones definitivas, sino del inicio de una investigación interna por faltas de extrema gravedad cuya sanción máxima contemplada es la baja de la institución.
El procedimiento administrativo requerirá una evaluación pormenorizada de cada caso individual, garantizando el correspondiente derecho de defensa a los imputados a través de un oficial auditor designado para encabezar las actuaciones. Esta línea de acción cuenta con la directiva explícita del Ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, quien intervino tras la recopilación de los primeros indicios recopilados por la propia fuerza. El titular de la cartera remarcó la necesidad de separar el accionar de los acusados del desempeño general de la Armada, solicitando la conformación de un Consejo de Disciplina para avanzar hacia la máxima sanción castrense.
De manera paralela, el caso transita su vía judicial en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2, a cargo del Juez Sebastián Ramos, tras la denuncia penal presentada por las autoridades navales. Por ende, la causa se despliega en dos frentes independientes: mientras la Armada sustancia las responsabilidades operativas y éticas según su marco regulatorio interno, el fuero federal focalizará su labor en determinar la existencia de delitos penales, individualizar a los partícipes y fijar las condenas que pudieren corresponder.
