A través del Decreto 1266/2026, el Poder Ejecutivo Oficializó la reestructuración del Régimen de Zonas Frías, una medida que modifica de manera integral la administración del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas y restringe el alcance geográfico de los descuentos tarifarios.
Con la Secretaría de Energía designada como autoridad de aplicación encargada de fiscalizar las compensaciones, validar montos y dictar normativas complementarias, la legislación ratifica la continuidad del sistema de financiamiento hasta el año 2031, aunque bajo nuevos parámetros de control y asignación.
El financiamiento del fideicomiso continuará sosteniéndose mediante un canon de hasta el 7,5% por cada metro cúbico de 9.300 kilocalorías sobre el valor del fluido en el punto de ingreso al sistema de transporte, aplicado a la totalidad del gas consumido o comercializado en el país. Esta tasa, percibida por productores e importadores al momento de la facturación, excluye al gas natural y licuado destinado a la exportación, así como al GNL importado que sea regasificado. El fondo seguirá cubriendo los beneficios en la Región Patagónica, la zona de la Puna y el departamento mendocino de Malargüe, además de la venta de garrafas, cilindros y gas propano a granel. A su vez, en el marco de los Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), se mantendrán las bonificaciones sobre el consumo básico de usuarios residenciales por red en las áreas habilitadas.
Una de las transformaciones operativas más significativas radica en la liquidación de los recursos: las compensaciones se calcularán sobre el precio de la molécula de gas y se abonarán directamente a las compañías proveedoras. Con este mecanismo, las distribuidoras y subdistribuidoras dejan de administrar o percibir los subsidios directamente, limitando su rol a aplicar las bonificaciones finales en las liquidaciones a los usuarios y proveer la información requerida para el cálculo de los desembolsos.
La aplicación de los nuevos criterios implica la quita del beneficio para unos 3,35 millones de usuarios residenciales en todo el país. En la provincia de Buenos Aires, el recorte afecta a 1,24 millones de familias distribuidas en 94 distritos (entre ellos Bahía Blanca, Mar del Plata, Tandil, Olavarría, Pergamino, Junín y Pilar), quedando únicamente el partido de Patagones con la subvención por su pertenencia geográfica a la Patagonia. En Córdoba, la quita abarca departamentos del centro y sur como Río Cuarto, Calamuchita y Tercero Arriba; en Santa Fe impacta en el sector sur, incluyendo Rosario, Venado Tuerto y Casilda; mientras que la provincia de San Luis queda totalmente excluida del régimen (afectando a ciudades como Merlo y Villa Mercedes). En Mendoza, el subsidio deja de regir para la capital y la mayoría de sus departamentos, manteniéndose exclusivamente en el territorio de Malargüe.
