El panorama social argentino registró un freno en la tendencia a la baja de la pobreza durante el primer trimestre de 2026, alcanzando un nivel que afecta al 30% de la población del país.
De acuerdo con los análisis procesados por la consultora ExQuanti a partir de las estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, aproximadamente 14.600.000 personas se encontraron en esta condición socioeconómica vulnerable en los primeros tres meses del año. Este incremento implica que 1.800.000 ciudadanos se sumaron a la pobreza respecto del tercer trimestre de 2025 —un período estadísticamente comparable por incluir la percepción del aguinaldo—, lo que interrumpió el proceso de recuperación que se inició tras el pico registrado en 2024, momento en que la devaluación inicial de la gestión de Javier Milei situó el índice general en 52,9%.
Las estimaciones del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) reafirman esta trayectoria ascendente al evidenciar un alza de 3,1 puntos porcentuales frente al 26,9% de finales de 2025. A la par, la indigencia experimentó un crecimiento al pasar del 6% al 6,5% en la medición nacional. Asimismo, mediciones elaboradas por el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS) confirmaron que el porcentaje de población pobre subió de 28,2% a 30,1% entre el último semestre de 2025 y el lapso comprendido entre octubre de 2025 y marzo de 2026. Si se efectúa una comparación respecto al último trimestre de 2025, tan solo en el inicio de 2026 cayeron en la pobreza unas 600.000 personas adicionadas al total del país.
Este deterioro en las métricas responde a una desaceleración en la mejora del ingreso real de las familias combinada con un rápido aumento de la informalidad dentro del mercado de trabajo. A pesar de que los montos nominales totales crecieron un 35,6% anual superando a la variación de las canastas básicas, el coeficiente de desigualdad pasó de 0,435 a 0,442, demostrando un reparto heterogéneo de la renta. Paralelamente, las prestaciones sociales, jubilaciones y asignaciones familiares sufrieron un rezago inflacionario acentuado desde septiembre del año pasado —que alcanzó un pico de 3,4% en marzo debido al escenario internacional—, mientras que el impacto real de las tarifas en el índice de precios mermó el poder de compra de las transferencias estatales a los sectores vulnerables.
En este marco, la tenencia de un empleo ha dejado de constituir una salvaguarda frente a la precariedad económica, ya que el porcentaje de trabajadores ocupados en situación de pobreza trepó del 18,1% al 20,6% en el lapso analizado por la UCA, mientras que la indigencia en ocupados avanzó del 3,2% al 3,6%. Las infancias también reflejan esta inflexión negativa: la pobreza entre los menores de 17 años trepó de 39,9% a 42,5%, registrándose el mayor impacto en la franja de 0 a 4 años con una suba de 4,4 puntos para ubicarse en 38,7%, y de 3,6 puntos en la de 5 a 12 años alcanzando el 44,2%. Adicionalmente, la indigencia infantil total escaló del 8,6% al 9,5%, empujada mayormente por la franja intermedia de niños de 5 a 12 años cuya tasa subió del 8,4% al 11,4%.
